Desde hace rato, en La Muralla queríamos escribir sobre el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que involucra también a la Región de Los Lagos y el mundo huilliche, pero no queríamos hacerlo desde el siempre discurso autocomplaciente del gobierno, que todo que lo que hace lo tacha de histórico.

Por ello replicamos una columna de Francisco Huenchumilla, que este fin de semana publicó El Mostrador.

COLUMNA FRANCISCO HUENCHUMILLA: LA RESPONSABILIDAD DEL CAMINANTE

Senador DC. Ex ministro secretario general de la Presidencia.

Al asumir la condición de Comisionado, a petición del Presidente de la República, se me vinieron a la memoria los versos de Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, magistralmente cantados por Joan Manuel Serrat.

Nunca, en la historia de Chile, se había constituido una instancia de las características de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. No solo por su especial composición paritaria, negociada con nombres y apellidos por el Ejecutivo, los partidos políticos y otras fuerzas sociales, o por la diversidad de orígenes, experiencias vitales y distintas formaciones intelectuales; sino, por sobre todo y a diferencia de anteriores comisiones, porque en este caso la exigencia era construir un camino de salida para el centenario conflicto entre las comunidades mapuche y el Estado de Chile, que permitiera conjugar los intereses en juego de las comunidades mapuche, los agricultores y las empresas forestales de las regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

O sea, se trataba de buscar una salida consensuada, para lo cual era imprescindible encontrar un camino de negociación basado –sin querer queriendo– en el clásico principio del do ut des, que implica transacción y reciprocidad. Por ello introdujimos el principio del consenso, no como una regla matemática, sino como manifestación del máximo esfuerzo en busca de “el Acuerdo”, que fuera representativo de los diversos sectores políticos del país y de los intereses en juego. Una simple mayoría nos dejaba en el punto de partida, y un 7/1 es la máxima expresión del esfuerzo realizado, de buena fe, y con la debida tolerancia hacia las diversas miradas del conflicto y los intereses en juego.

Para ello, contamos con una Secretaría Ejecutiva altamente profesional y eficiente; pero, sobre todo, con capacidad política para moverse, con propiedad, entre los variopintos comisionados, con un toma y daca en la construcción del camino que transitamos por cerca de dos años.

Es decir: esta fue, a diferencia de las anteriores, una Comisión Negociadora, donde los acuerdos se fueron construyendo día a día, a medida que transcurría nuestra tarea con la participación de los incumbentes, asesores, universidades, expertos, servicios públicos u organismos internacionales, visitando las regiones, escuchando y dialogando.

Un camino difícil, sin duda, porque implicaba cuestiones históricas del Chile profundo del siglo XIX donde hunde sus raíces el problema; sentimientos encontrados de los distintos incumbentes, que alegan distintos fundamentos de sus pretensiones e intereses; dolores que cruzan distintas generaciones; y el pueblo mapuche, despojado por el Estado, y humillado por la sociedad. Cuestiones fácticas y culturales que se han acumulado con violencias físicas y simbólicas. Todo ello sumado a las personales características de vida, formación e ideologías de las Comisionadas y los Comisionados.

El punto central, a mi juicio, fue encontrar una línea de convergencia entre las normas de la Ley Indígena N° 19.253, y las disposiciones del Convenio 169, que permiten otras alternativas, y que posibilitó construir una nueva arquitectura institucional para enfrentar y dar una respuesta a la controversia política que encierra el conflicto. Se encontró un punto de encuentro dentro de la legislación vigente.

Para que este Acuerdo sea completo, deberá consultarse a las comunidades mapuche, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente que se expresa en el Convenio 169, y practicado de buena fe y con amplia participación en un proceso de diálogo y escucha.

Así, de esta manera, este Acuerdo quedará bajo la responsabilidad del mundo político, representado por el Presidente de la República y su Gobierno; los 19 partidos políticos que se comprometieron con su firma a impulsar su puesta en marcha y aprobación; las parlamentarias y los parlamentarios de las respectivas corporaciones a su estudio, tramitación y votación en el proceso legislativo; y las candidatas y candidatos que aspiran a conducir el Gobierno en las elecciones presidenciales de este año 2025, para cualquiera de ellas o ellos que el pueblo elija, y que deben comportarse como verdaderos hombres o mujeres de Estado.

Así, y solo así, el Pueblo Mapuche podrá creer en el Estado, sus instituciones, y le hará sentido la democracia.

Este Acuerdo implica también un mensaje para las y los habitantes de las cuatro regiones incumbentes –y por qué no decirlo, para todo el país–, en el sentido de que el camino para solucionar los conflictos y la violencia, derivados de los procesos sociales que afectan a todas las sociedades humanas, es el camino de la política, el camino de la Paz y el Entendimiento, entre la diversidad del género humano, con sus historias, sus dolores y sus intereses.