Datos de Sernapesca contradicen uno de los principales argumentos utilizados por senadores y empresarios de la industria salmonera para modificar la Ley N°20.249: que se ha prestado para abusos y corrupción. El proyecto de reforma fue aprobado en general por el Senado, avanzando sin participación de los pueblos originarios. Es el tema de esta columna escrita para CIPER.

Según informó CIPER, el martes 12 de agosto, la Sala del Senado aprobó en general un proyecto que modifica la llamada “Ley Lafkenche”, ingresado por los senadores Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI), y el exsenador Álvaro Elizalde (PS). Uno de los argumentos centrales sostenidos por quienes defienden la reforma se refiere a usos abusivos de la normativa por parte de comunidades indígenas costeras.

El senador Espinoza indicó que “ha habido corrupción. Están cobrando millonarios recursos para desafectar”. José Miguel Insulza enfatizó un concepto: “Corrupción, yo creo que esa palabra hay que usarla aquí, donde hay solicitudes de millones de hectáreas de gente que pide algo sin saber qué está pidiendo”.

Sin embargo, la respuesta a una solicitud de transparencia enviada por el Observatorio Ciudadano a Sernapesca indicó que no existen denuncias formales por infracciones a la Ley 20.249 desde su promulgación en 2008. En su artículo 15, la norma indica que las comunidades asignatarias de Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) no pueden impedir el acceso o el libre tránsito marítimo, ni impedir otros usos reconocidos por el Plan de Administración.

Esta nueva información se suma a cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos que aseguran que existiría una campaña de desinformación en contra de esta ley con el objetivo de modificarla en favor de intereses económicos en vez de buscar una mayor eficiencia que permita perfeccionar su implementación, como señalan sus autores.

“La denuncia de que las comunidades de pueblos originarios estarían abusando de la ley se repite en encuentros distritales, instancias oficiales de evaluación de solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, congresos de salmonicultura y artículos de medios de comunicación de la industria como Salmon Expert, Salmon Chile o Mundo Acuícola. Sin embargo, nunca se presentan pruebas ni casos concretos donde esto ocurra”, explica Felipe Guerra, doctor en derecho del Observatorio Ciudadano.

“Las autoridades podrían estar refiriéndose a delitos de extorsión, que son investigados por la Fiscalía bajo secreto. Pero si así fuera, no veo cómo podrían ser responsabilidad de la ley ni cómo podrían corregirse a través de su modificación, ya que éstos son delitos penales. Es como si quisieran evitar el robo de celulares modificando la ley de telecomunicaciones. Lamentablemente esta ha sido la tónica de la tramitación”, continúa.

Marcela Caro, dirigenta del Grupo Familiar Aswal Lajep, una de las 13 comunidades kawésqar en la región de Magallanes, relata cómo fueron los argumentos de los integrantes de la Comisión de Uso de Borde Costero de Magallanes para rechazar su solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO): “Los argumentos para rechazar nuestra solicitud iban desde que dejaríamos a 10 mil personas sin trabajo a que la historia que se expuso en la solicitud fue sacada de libros. Los marinos dijeron que no iban a poder hacer sus prácticas de salvataje. Los pescadores artesanales, que no iban a poder usar más los puertos. Eso ocurre justamente en una concesión acuícola, no en un ECMPO. Aquí se hizo un gran lobby salmonero en base a mentiras”, comentó.

La Ley 20.249 es una de las dos leyes en Chile que aborda la relación con los pueblos originarios, junto con la llamada Ley Indígena. Busca resguardar los usos tradicionales o consuetudinarios de las comunidades en el borde costero a través de la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Sin embargo, estos no han sido convocados para participar en su proceso de modificación a través de invitaciones a reuniones de lobby ni del desarrollo de consulta indígena que se exige en materias que les afectan.

“Modificar la Ley Lafkenche sin garantizar la participación de sus principales titulares —los pueblos indígenas— constituye una vulneración flagrante del derecho a la consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT. Este proceso legislativo se ha llevado a cabo sin cumplir con los estándares internacionales ni con las obligaciones legales del Estado chileno, socavando la institucionalidad construida precisamente para reparar históricas exclusiones. La forma en que se ha impulsado esta reforma evidencia una captura del debate por intereses unilaterales, marginando la voz de quienes ejercen cotidianamente sus derechos sobre el borde costero”, concluye el abogado.

El tema fue abordado por los candidatos presidenciales Jeanette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast en el primer debate presidencial que se llevó a cabo en la Salmon Summit. Los tres se manifestaron a favor de modificar la legislación. Particularmente, Kast la calificó de “herramienta de chantaje político”, Matthei de “abuso flagrante” y Jara indicó que “no tengo problema en que revisemos lo que haya que revisar. Lo que sí tengo problema es que algunos creen que eliminando todo se van a solucionar los temas del país”.