Dos buzos subcontratados murieron en centros de Blumar S.A. (Magallanes y Aysén) en menos de tres meses, elevando a 83 los fallecidos en la industria salmonera chilena en más de una década. Ecoceanos denuncia precarios estándares de seguridad y fiscalización, calificándolo de «récord» global. La ONG llama a boicotear los «salmones de sangre» patagónicos por su alto costo humano y ambiental.

De acuerdo a un reporte de Ecoceanos, Con menos de cuatro días de diferencia vuelve a morir un trabajador de la megaindustria exportadora de salmones, en medio de un proceso de acelerada expansión productiva y territorial en la Patagonia chilena.

Un comunicado de la gerencia de personal de la compañía pesquera y salmonera Blumar S.A., confirmó la muerte el 24 de julio del buzo Yonathan Vergara, quien estaba subcontratado por la empresa “Servicios Marítimos Trapén” para el mantenimiento de las redes anti-lobos marinos del centro de engorda Bahía León, ubicado en el Seno Skyring, región de Magallanes.

“Esta es la segunda muerte en menos de tres meses de un buzo en un centro productor de salmones de la empresa Blumar, ya que el 17 de abril pasado había fallecido el buzo mariscador básico Luis Godoy Mendoza, en el centro de cultivo “Elena Weste”, Puerto Chacabuco, región de Aysén”, resalta Ecoceanos en reciente reporte.

Ecoceanos destaca: “La empresa pesquera y salmonera Blumar S.A., es propiedad de la poderosa familia Sarquis, cuya base de negocio se encuentra en la región del Biobío. Su presidente, Rodrigo Sarquis, estuvo involucrado en las negociaciones para promulgar la corrupta “Ley Longueira” de privatización pesquera de 2013 y en las cerca de 10 reuniones de lobby empresarial secretas entre los ministros de Economía y de Medio Ambiente con los dueños, gerentes y lobistas de la industria pesquera y salmonera, ocurridas a fines de 2024 y comienzos de 2025, que acordó la cuestionada ley de fraccionamiento pesquero de junio de 2025”.

Agrega: “Como la guinda de la torta, Blumar se encuentra involucrada en la muerte de siete pescadores artesanales de la lancha “Bruma” que fue embestida y hundida por su pesquero de alta mar “Cobra”, investigación que hace más de tres meses se encuentra paralizada bajo el silencio, la manipulación de pruebas, la muerte de un testigo clave y la impunidad, evidenciando el poder fáctico de la industria pesquera y las 4 familias que controlan gobiernos, políticos, parlamentarios y medios de comunicación”.

Chile y su récord mundial en la industria salmonera global: 83 trabajadores fallecidos en los últimos 12 años

Con anterioridad, el 21 de julio había muerto un “buzo mariscador básico” identificado sólo por sus iniciales C.B.A., el cual trabajaba para una empresa subcontratista efectuando labores de trabajo submarino en el centro de engorda de salmones Canalad, comuna de Cisnes, región de Aysén, el que pertenece a la empresa Australis Mar, propiedad de la transnacional china Joyvio / Lenovo.

Con ello, la industria salmonera con base en Chile posee el récord de muertes laborales de esta industria exportadora a nivel global, con 83 trabajadoras y trabajadores fallecidos en los centros de cultivo, plantas procesadoras y el transporte marítimo

El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que esta cruenta realidad social y laboral ubica a Chile como el productor de salmones con la tasa “récord” de mortalidad y accidentalidad de trabajadores y trabajadoras de la industria de cultivo y exportación de salmónidos a nivel global.

“Esta situación deja en evidencia los precarios estándares de seguridad laboral en la industria salmonera chilena y escasa fiscalización de los entes gubernamentales, correspondientes más a la realidad de un país tercermundista, que al segundo país productor y exportador de salmones de cultivo a nivel global”, señaló el médico veterinario.

Ecoceanos hizo un llamado a los consumidores nacionales e internacionales a no comprar ni consumir los denominados “salmones de sangre” proveniente de la Patagonia chilena, dado su alto costo en vidas humanas, impactos sanitarios y ambientales, así como la vulneración de los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras, comunidades costeras y de pueblos originarios.