En una controversial revelación, se dio a conocer que la Dirección de Bienestar de Carabineros contrató a dos abogados relacionados con narcotraficantes para defender a funcionarios de la institución.
Ambos juristas figuran en un listado de la Contraloría General de la República, que detalla a los defensores de criminales vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
Los profesionales, José Villalobos y Alejandro Peña, este último tristemente famoso por el montaje del caso Bombas, y quien fue además reclutado por el gobierno de Piñera, en 2011, como jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior, cargo en el que se mantuvo hasta el 5 de octubre de 2012, cuando renunció tras darse a conocer el llamado caso sobreprecios, lindo personaje.
Por otro lado, se indica en la prensa, Peña, por ejemplo, ha estado involucrado en casos de tráfico de drogas a nivel internacional, mientras que Villalobos defendió a varios imputados en delitos relacionados con la Ley de Drogas.
Respuesta desde Carabineros
La contratación se realizó con fondos provenientes de la Dirección de Bienestar de Carabineros y recursos públicos, lo que ha generado críticas sobre el uso de estos recursos.
La institución defendió su decisión, señalando que contratar abogados para proteger los derechos de sus funcionarios es parte de su deber.
Sin embargo, se mostró incapaz de ofrecer detalles sobre las causas que estos abogados defendieron, generando dudas sobre la transparencia en el proceso.
El caso ha puesto en el centro del debate la ética y la transparencia en las decisiones dentro de Carabineros, mientras se cuestiona el manejo de recursos públicos para fines que podrían estar en conflicto con los estándares de probidad que exige la ley.
