La denuncia se basa en las polémicas declaraciones de Johannes Kaiser y Cristián Labbé, quienes relativizaron el golpe de Estado y sus consecuencias. Según el Servel, estos dichos podrían vulnerar la obligación legal de los partidos políticos de fortalecer la democracia y promover el respeto a los derechos humanos.

El Servicio Electoral (Servel) declaró admisible una denuncia presentada por el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) en contra del Partido Nacional Libertario, tras las declaraciones de su presidente, Johannes Kaiser, y del parlamentario y militante de la colectividad, Cristián Labbé, las que —según el organismo— podrían constituir infracciones graves a la legislación vigente sobre partidos políticos.

La denuncia, ingresada el 8 de julio de 2025, apunta a que ambas figuras “incurrieron en infracciones graves y reiteradas al marco normativo que regula la existencia y funcionamiento de los partidos políticos”, vulnerando el deber legal de fortalecer la democracia y promover los derechos humanos, como lo establece la Ley N° 18.603.

Entre los antecedentes expuestos, se citan declaraciones emitidas por Kaiser en una entrevista con Meganoticia en la que, consultado sobre si volvería a apoyar un golpe de Estado como el de 1973, respondió: “Sin duda. Absolutamente. Con todas las consecuencias”. También habría relativizado el uso de la tortura en dictadura. Por su parte, Labbé señaló en Radio Agricultura que “Chile ya sacó al comunismo una vez, si es necesario hay que hacerlo de nuevo”.

Según el texto legal, los partidos deben actuar conforme a principios democráticos y respetar los derechos humanos.

El Servel evaluó que la denuncia cumple con los requisitos establecidos, y que los antecedentes presentados resultan “serios, plausibles y de mérito suficiente” para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra el partido y su presidente.

De acuerdo con la resolución, el proceso fue iniciado formalmente y el denunciante ya fue notificado.

Ahora, la colectividad y su directiva enfrentan la posibilidad de sanciones que podrían ir desde amonestaciones hasta la disolución del partido, dependiendo de lo que determine el procedimiento.