Iniciativa promovida por diputada Lorena Pizarro tuvo luz verde en la Cámara Alta y pasó a la Cámara Baja para su aprobación.

En la jornada de este lunes el Senado aprobó en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que crea la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada, iniciativa de la diputada Lorena Pizarro y a la que sólo le resta un último paso por la Cámara Baja.

Con 20 votos a favor y 11 en contra, los legisladores dieron el visto bueno a la pre normativa que establece “el reconocimiento, por parte del Estado de Chile, de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Luego de su aprobación, la diputada Lorena Pizarro destacó la importancia del proyecto aprobado. “Yo creo que nadie dimensiona lo que esto significa de verdad para un familiar de un detenido y/o detenida desaparecida. Esto no tiene que ver con cuánto dolor tenemos, porque a veces eso incluso nos incomoda, esto tiene que ver con un acto de justicia, porque nuestros familiares son detenidos y detenidas desaparecidas, incluso aquellos que sus familiares tuvieron que declararlos muertos presuntos porque tenían que salvar un hogar donde criar a sus hijos. Incluso a aquellos familiares que encontraron, pero encontraron fragmentos”, indicó la legisladora.

Añadió que “si nuestros familiares no están con nosotros es porque les hicieron desaparecer, el Estado de Chile los hizo desaparecer”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, afirmó que la pre normativa salda una deuda que el Estado de Chile tiene con el país y, sobre todo, los familiares. Indicó que “es un proyecto que hace justicia, que salda una deuda que tiene el Estado, que exista un registro público, único, que permita que los familiares de las personas detenidas desaparecidas puedan tener un certificado que diga que sus deudos, sus familiares están ausentes por desaparición forzada”.