Según informó Mundo Acuícola, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal denunció que la gran industria pesquera inicio una campaña comunicacional y legal para desacreditar la Ley de Fraccionamiento y frenar la tramitación de la Nueva Ley de Pesca en el Congreso, particularmente en lo referido a las licencias transables de pesca industrial (LTP).
Los dirigentes hicieron ver que no es casual que la empresa Alimar, del grupo Izquierdo Menéndez y Blumar, ligada a las familias Sarquis y Vinagre anunciaran acciones legales en contra el Estado de Chile, argumentando que el fraccionamiento de cuotas y la reducción de las licencias industriales constituiría una “expropiación regulatoria” que vulneraría supuestos “derechos adquiridos”.
Desde la pesca artesanal, el diagnóstico es uno solo: la gran industria no se resigna a perder sus privilegios y ahora decide acudir a la justicia para bloquear una iniciativa, que fue ampliamente aprobada en el Congreso.
Asimismo, desde la CONDEPP afirman que las LTP-A nunca fueron derechos adquiridos legítimos, sino un traje a la medida de las grandes pesqueras.
“Lo que está pasando aquí es que la gran industria se puso nerviosa y decidió desacreditar en tribunales una norma que fue aprobada por el Congreso, y por otro lado está bloqueando la tramitación de la nueva Ley de Pesca”, dijo Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP y vocero de la Alianza.
Consultado sobre la tramitación de la nueva Ley de Pesca, cuya nueva sesión tendrá lugar este miércoles, sostuvo que, “hay que entender que estamos discutiendo sobre licencias que nacieron en la corrupción. Las LTP-A fueron entregadas bajo la excusa de cuotas de investigación, para luego transformarse en patrimonio de siete familias industriales. Pretender que eso es un derecho adquirido es una burla para Chile”.
Por su parte, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, sostuvo que la estrategia de la industria busca infundir temor en la opinión pública.
“Cada vez que se tocan sus privilegios, la industria levanta fantasmas sobre que aumentara el desempleo o la inversión. Lo hicieron con la Ley de la Jibia y se demostró que mintieron. Hoy lo repiten para defender licencias que recibieron gracias a una ley corrupta. No es justicia, es impunidad empresarial”, aseguró.
Desde la Región de Coquimbo, Pascual Aguilera, presidente de CORANOR fue enfático en señalar que, “aquí no hay expropiación, lo que existe es la devolución al Estado de un bien común. El mar no es propiedad privada de la industria, es patrimonio de todos los chilenos y lo justo es que esas licencias se subasten, de manera transparente, para financiar la plataforma social que proteja a las familias de la pesca artesanal”.
La Alianza recordó que el objetivo de la reforma a la Ley de Pesca es terminar con los privilegios que otorgó la Ley Longueira —calificada por tribunales como nacida de la corrupción— y avanzar hacia un sistema justo y sustentable.
“El país no puede seguir atrapado por amenazas de grupos económicos que se creen dueños del mar. La nueva Ley de Fraccionamiento y futura Ley de Pesca representan la oportunidad para corregir una década de abusos y avanzar hacia una pesca al servicio de Chile, no de unos pocos”, concluyó Hernán Cortés.
