El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso esta semana una querella contra el diputado independiente e integrante de la bancada de Demócratas Miguel Ángel Calisto, por el presunto delito de fraude al Fisco, sin perjuicio «de otros ilícitos que se acrediten» en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

El requerimiento fue interpuesto ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique en contra del parlamentario, Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por supuestamente «haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos», detalló el organismo.

Según los antecedentes contenidos en la indagatoria, el CDE afirmó que la imputada Carla Graf, en colusión con el diputado Calisto, presuntamente celebró «una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada».

El órgano señaló que, a raíz de lo anterior, existen «múltiples antecedentes que dan cuenta que la querellada no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región».

En consecuencia, el CDE constató que la querellada Carla Graf «no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el diputado Calisto, quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en administración desleal de los fondos públicos, promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó».

Además, el órgano informó que en el mismo período «se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables».