El Consejo para la Transparencia (CPLT) notificó el inicio de investigaciones sumarias en cinco Gobiernos Regionales, tras detectar eventuales infracciones a las normas de transparencia activa durante el proceso de fiscalización correspondiente al año 2025.

Las regiones involucradas son Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos, donde se identificaron incumplimientos a los deberes legales de publicidad, actualización y completitud de información pública clave para la rendición de cuentas.

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para garantizar el cumplimiento de la ley y el consecuente derecho a la información pública. La transparencia mandatada por el ordenamiento jurídico no puede ser una opción, es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González.

Estas acciones surgen a partir de los resultados de la fiscalización realizada entre el 3 y el 20 de marzo, que reveló que los Gobiernos Regionales alcanzaron un promedio de cumplimiento de apenas 76,06%, lo que representa el peor resultado histórico desde que el Consejo comenzó estas mediciones en 2010.

El informe expone retrocesos significativos en varias regiones, como el caso del Gobierno Regional de La Araucanía, que bajó 35,6 puntos porcentuales respecto de 2024, seguido por Los Lagos, que descendió 23,5 puntos, y Magallanes, con una caída de 20,6 puntos. A nivel de ítems que deben publicarse, se observaron severas deficiencias en materias como transferencias de fondos públicos, con cumplimientos bajo el 50%, y en la información presupuestaria, donde los niveles de cumplimiento fueron especialmente bajos: solo un 35,7% en modificaciones presupuestarias y un 37,5% en presupuesto asignado. Asimismo, se constató que algunos gobiernos regionales no cumplían con publicar información histórica, como exige la normativa, y que persistían problemas en la divulgación de contrataciones y mecanismos de participación ciudadana. Estas omisiones afectan directamente la trazabilidad del uso de los recursos públicos y vulneran el estándar de publicidad que garantiza la Ley de Transparencia.

En contraste, solo cuatro Gobiernos Regionales superaron el 90% de cumplimiento: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%).

“La gran dispersión en los resultados evidencia que no existe un estándar mínimo común en materia de transparencia. No puede ser que el respecto de un derecho fundamental como el acceso a la información pública dependa de la región en la que viva la persona que lo ejerza”, enfatizó González.

El Consejo llamó a los Gobiernos Regionales a adoptar medidas correctivas de manera inmediata, valorando los esfuerzos que ya algunas de estas autoridades han manifestado públicamente para enmendar el rumbo, y reiteró su compromiso con ejercer su rol fiscalizador con rigor, fortaleciendo así la cultura de la transparencia en todo el país.