El Consejo para la Transparencia (CPLT) informó que, entre enero y julio de 2025, ha instruido 266 procesos sancionatorios por infracciones a la Ley de Transparencia, superando ampliamente los registros de años anteriores y consolidando una tendencia sostenida al alza desde 2021.

En 2021 se tramitaron 29 investigaciones sumarias con una duración promedio de 186 días corridos, en 2022 fueron 69 con una duración promedio de 123 días corridos, en 2023 aumentó a 143 con una duración promedio de 128 días corridos, y, finalmente, en 2024 continuó el alza, con 208 investigaciones sumarias con una duración promedio de 131 días corridos. Estas cifras denotan un constante fortalecimiento de la facultad sancionadora del Consejo, pues en estos últimos 5 años se han tramitado considerablemente más investigaciones sumarias, en tiempos significativamente menores, si se compara con períodos anteriores, respetando – por cierto – en todo momento el debido proceso.

Entre los órganos más investigados destacan las municipalidades y sus corporaciones, las subsecretarías, los servicios de salud y las secretarias regionales ministeriales, con reiterados cargos por denegación infundada de acceso a la información, incumplimiento de decisiones del Consejo o deficiencias en transparencia activa.

Los principales hallazgos respecto de los órganos de la Administración del Estado contra los que el CPLT ha instruido investigaciones sumarias apuntan a debilidades en su cultura de transparencia, falta de procedimientos claros, escasa coordinación interna, deficiente gestión documental y ausencia de control jerárquico efectivo. También se han detectado casos de desidia o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales, así como perfiles inadecuados o sin capacitación para los funcionarios encargados de la gestión de transparencia.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “estas cifras reflejan un ejercicio decidido de nuestra facultad sancionadora, que continuaremos desarrollando con el mismo rigor para asegurar que la ciudadanía reciba la información pública de manera oportuna y completa, de conformidad a la ley. Sin embargo, no hay que perder de vista que este Consejo también lleva a cabo una labor preventiva, promoviendo el derecho de acceso a la información pública a través de capacitaciones tanto a la sociedad civil como a funcionarios públicos. Estas acciones de capacitaciones implican despliegues de nuestra institución a lo largo de todo Chile, y en el caso de aquellas enfocadas en funcionarios públicos abordan el cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa asociada, así como en el uso del Portal de Transparencia del Estado. Asimismo, lanzamos recientemente la plataforma educativa www.infoenlaces.cl, la cual invitamos a la ciudadanía a revisar”.

Es importante destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, las infracciones pueden ser sancionadas con:

Multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración del jefe de servicio por denegación infundada de acceso a la información o no entrega oportuna de la información en la forma decretada.

Multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración del infractor (uno o más responsables) por incumplimiento injustificado de transparencia activa.

Multa duplicada y suspensión del cargo por cinco días al jefe de servicio en caso de persistencia en la no entrega de la información.

Ranking histórico de organismos con más sanciones (2010-2025)

– Municipalidades y entidades asociadas (corporaciones o asociaciones municipales).

– Servicios de Vivienda y Urbanización regionales.

– Servicios de Salud y hospitales.