En agosto celebramos el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria 2025 con actividades en toda la región, reconociendo el rol fundamental que cumplen las y los dirigentes sociales en la construcción de comunidad, el fortalecimiento de la democracia y la búsqueda del bien común.

Como Gobierno, hemos fortalecido su rol. Este año, aumentamos en un 10% nuestros fondos concursables a nivel nacional para apoyar sus proyectos comunitarios; entregamos capacitación en cada provincia de Los Lagos y, hoy, con el proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales, buscamos enviar una señal clara de respaldo y protección a quienes lideran organizaciones en nuestros territorios.

Muchas veces, los dirigentes son el primer nexo entre la ciudadanía y organismos del Estado, especialmente en localidades alejadas, rurales o vulnerables. Sus liderazgos comunitarios, locales y regionales ayudan a acortar brechas, acercar beneficios estatales a sus vecinos y vecinas, y a mejorar la calidad de vida en su entorno.

Pero ejerciendo esa importante labor, en ocasiones, son víctimas de amenazas y agresiones que no podemos tolerar. Es por eso que estamos impulsando este proyecto de ley que agrava las penas contra quienes cometan los delitos de amenazas, lesiones u homicidio, en represalia por su labor dirigencial, entregando una herramienta concreta para prevenir y disuadir la violencia contra dirigentes y dirigentas.

Creemos que no basta con reconocer su trabajo y aporte al tejido social y la participación ciudadana. La aprobación de este proyecto en el Congreso Nacional es una oportunidad para que, junto a las y los parlamentarios, logremos un compromiso transversal que se traduzca en más seguridad y protección institucional para quienes trabajan cada día por el bienestar de sus comunidades.