La Corte de Apelaciones de Rancagua dictó el primer fallo civil por hechos ocurridos durante el estallido social, ordenando al Fisco indemnizar con 90 millones de pesos a un manifestante que perdió el 70% de su visión tras recibir un perdigón en el ojo durante una protesta en 2019, según informó por estos días El Desconcierto.
De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 10.142 denuncias por violencia institucional fueron ingresadas tras las protestas, pero hasta septiembre de 2024, apenas 44 de esos casos habían terminado con sentencias condenatorias. El resto —más del 99%— permanece sin justicia.
La situación es especialmente crítica en 2025, cuando muchas de esas causas comienzan a enfrentar la prescripción.
El Ministerio Público reconoció que más del 90% de las 11.925 denuncias relacionadas al estallido ya han sido cerradas, la mayoría sin sanción ni juicio.
EL CASO EN CUESTIÓN
La tarde del 20 de octubre de 2019, en plena revuelta social, una manifestación en San Fernando terminó con graves consecuencias para uno de sus participantes.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, cerca de las ocho de la noche, mientras se desarrollaban protestas, un joven recibió dos impactos de perdigones: uno en el abdomen y otro en el ojo izquierdo.
El caso terminó en tribunales. Se presentó una demanda contra el Fisco por falta de servicio, representando al afectado los abogados Felipe Leiva Fadic, Guillermo Chahuán Chahuán e Ignacio Mujica Torres.
La tesis era clara: Carabineros de Chile, al utilizar escopetas antidisturbios en esa manifestación, infringió los protocolos establecidos para su uso.
