La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, expuso en el Panel “Balance del cumplimiento de la Ley de Transparencia en los municipios y el avance hacia una gestión cercana a la comunidad”, realizado en el marco del seminario macro zonal organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en la comuna de Concón, Quinta Región, denominado “Actualizaciones del marco normativo municipal: nueva legislación y contraloría”.
Durante su presentación, González entregó un balance actualizado sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos locales y sus entidades relacionadas: asociaciones, corporaciones y fundaciones municipales. Al respecto, destacó que, si bien en 2025 las municipalidades presentaron un alza en el cumplimiento de transparencia activa con respecto al año anterior, alcanzando un 81,6%, los últimos registros de sus entidades relacionadas iban en dirección contraria. Específicamente, relevó que en 2024 el cumplimiento de las corporaciones municipales fue de tan solo un 37% y de las asociaciones municipales de un 56%.
Asimismo, analizó los resultados de fiscalizaciones específicas que se realizaron este año al mundo local respecto de temáticas focalizadas. Primero, abordó la fiscalización de registros múltiples de personal, en la que se evidenció que había 81.112 registros múltiples en 324 municipalidades del país, es decir, casos en los cuales un funcionario aparecía como contratado más de una vez. El 73% de los casos se trataba de funcionarios contratados en una misma institución, mientras que el 27% en instituciones distintas.
En segundo término, expuso sobre los resultados de la fiscalización acerca del uso de los recursos del impuesto Royalty Minero, los cuales en 2024 alcanzaron los $93 mil millones repartidos a 307 comunas. La investigación detectó que en ese año un 61% de las municipalidades beneficiarias no cumplió plenamente con la obligación de publicar en transparencia activa los reportes de ejecución del uso de estos recursos. Adicionalmente, mostró una gran diversidad en los destinos de los fondos. Mientras un 38% se utilizó en iniciativas de inversión, se destinó un 8% en gastos de personal, 24% en bienes y servicios de consumo, 18% en transferencias corrientes y un 12% en adquisición de activos no financieros.
Durante el panel, Natalia González también se refirió a la facultad sancionatoria del CPLT respecto de las municipalidades y sus entidades asociadas, explicando los tipos de conductas que son sancionadas, detallando las que se verifican más habitualmente y cuál es el resultado. Al respecto, relevó que entre 2022 y 2024 la gran mayoría de las investigaciones sumarias se instruyeron por infracciones a obligaciones de transparencia activa y terminaron en la imposición de una multa (siendo escasos los casos de sobreseimiento o absolución).
Finalmente, la presidenta del CPLT destacó también las acciones institucionales orientadas a fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales, como el programa InfoEnlaces, el plan de certificación de enlaces de transparencia y las capacitaciones conjuntas que realiza el CPLT con SUBDERE, además de iniciativas educativas que promueven el derecho de acceso a la información entre estudiantes y organizaciones sociales.
