El gobierno de Chile durante el año 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la dictadura civil-militar, propuso que cada región tuviera a lo menos un sitio de memoria declarado como monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Una cantidad importante de expedientes compuestos por fotografías, documentos judiciales, recortes de periódicos, entrevistas, entre otras pruebas, creados e impulsados por diversas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, estuvieron archivados por años sin ser revisados y puestos en tabla para su aprobación o rechazo.

En el gobierno anterior hubo poca voluntad política en esta materia.

La propuesta según relata la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, era poner suma urgencia a estos trámites.

Los Sitios de Memoria son lugares cuya significación es haber sido un espacio de detención, tortura, desaparición, pero también lugares representativos del imaginario colectivo, marcados por la resistencia, solidaridad y comunión. Algunos de estos atributos nos permiten recorrer lugares, calles, murales, edificios, monolitos, memoriales que hoy son parte de ese mapa invisible de Chile y sus regiones que suelen ser poco conocidos, pero que al mantenerlos nos permite fortalecer el compromiso con el respeto a la dignidad de todos los seres humanos.

Pero declarar los Sitios de Memoria no es suficiente. Debemos mantenerlos y resguardarlos de acuerdo a sus características y proyectar en su sostenibilidad, ya que las declaratorias no incluyen recursos para su administración y restauración. Es por ello que los Planes de Gestión, para ser financiados, deben ser elaborados por equipos ad honorem debido a la falta de presupuesto público.

Un caso claro en nuestra región y de la larga espera fue Egaña 60 en Puerto Montt, cuyo edificio fue declarado el año 2023 como Monumento Histórico en su calidad de Sitio de Memoria. Recién este año pudo ser reparado de manera parcial con un fondo de emergencia por su avanzado deterioro. Cabe destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó su concesión por 30 años a la Corporación de Derechos Humanos Egaña 60 en 2017.

Sin embargo, tenemos casos más complejos como el Sitio de Memoria Puente Pilmaiquén y su memorial declarado en el año 2022 monumento histórico que, además, es birregional, ubicado en la carretera, comprendiendo las comunas de San Pablo y Río Bueno.

Este sitio en varias ocasiones ha sido vandalizado y vuelto a mejorar, ya que cada cierto tiempo es desmalezado y limpiado por las organizaciones de derechos humanos, quienes, sin recursos y con mucho esfuerzo, logran mantenerlo vivo, cuidado y protegiendo la memoria que de allí se cuenta.

Otro caso es la Comisaría de Ancud, declarada en 2023, espacio que aún acoge a Carabineros y que en su visita al lugar la entonces Ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se buscaría un nuevo espacio para que las policías se trasladasen, dejando el Sitio de Memoria como un lugar de encuentro, reflexión y resignificación, ante lo cual aún no hay avances.

Caso similar es el del Memorial ubicado en el Hospital Base de Osorno, del que el 10 de octubre de 2024 el CMN aprobó por unanimidad la declaratoria del Memorial, lugar en que entre 1973 y 974 funcionó la Fiscalía Militar. Sin embargo, a la fecha el Diario Oficial aún no promulga la Declaratoria de este Monumento Histórico.

Sin duda, hay muchos pendientes en la materia que podrán avanzar si existe voluntad de las instituciones del Estado para agilizar los trámites, procesos y compromisos, porque por parte de las organizaciones el trabajo se ha hecho y continuará haciéndose a medida que confiemos, apoyemos y nos comprometamos al resguardo de estos sitios patrimoniales.

Los Sitios de Memoria y sus declaratorias no son un tema antojadizo. Estos contribuyen a la reparación y al establecimiento de garantías de no repetición. Además, son parte del patrimonio, ya que son la muestra efectiva de lo vivido como pruebas irrefutables de nuestra historia reciente, y es eso lo que los hace esenciales para la memoria y la identidad.

Es imperioso que se cumpla con el mandato de que cada región mantenga viva y resguardada la historia reciente de violación a los derechos humanos generada por la dictadura militar, ya que cada territorio tiene características propias y la historia que merece ser contada y preservada por sus habitantes.